Manual para la Presentación Adecuada de tutelas o Acciones Constitucionales

 Contenido

Dirigido Por: Luis Andrés Fajardo Arturo
Joven Investigador a cargo: Daniel Alejandro Peña Preciado

Introducción

El presente trabajo que hemos decidido denominar “manual de acciones constitucionales” está dirigido a ser una guía práctica que contribuya al estudiante, al profesional del derecho y a los ciudadanos en general, a la adecuada presentación de las diversas acciones constitucionales ante las diferentes instancias judiciales, para que a través de sus características, requisitos y modelo correspondiente se logre una eficaz protección de los derechos fundamentales y colectivos.

Básicamente, se pretende que los destinatarios de esta obra tengan una herramienta en sus manos que les permita acudir a ella y tener claro que es lo que se debe hacer a la hora de poner en práctica el conocimiento de los mecanismos jurídicos de protección para hacer efectivos los derechos frente al Estado, pues estos, en la mayoría de los casos, parecieran no existir debido a que la gente desconoce los medios, que en muchas oportunidades pueden emplear por sí mismos, para lograr su realización.

Lo anterior es porque son tantas las ocasiones en las que los ciudadanos se relacionan con la administración y en general con las entidades que conforman el aparato estatal, sin saber cómo hacer valer un derecho individual o colectivo o como obtener la reparación económica de un perjuicio ocasionado por la acción o la omisión de una entidad pública.

En este orden de ideas, el propósito de esta obra es mostrar en un lenguaje sencillo la adecuada presentación de las acciones constitucionales, medios sin los cuales las personas se verían atadas sin la posibilidad de proteger sus intereses.

Dichas acciones son: la acción de tutela, para la protección de los derechos constitucionales fundamentales; la acción de cumplimiento, para la efectiva observancia de los deberes contenidos en leyes y actos administrativos, y las acciones populares, para la defensa de los derechos colectivos y del medio ambiente. Como complemento, las acciones de grupo, para obtener mediante la intervención de abogado la indemnización de los daños individuales causados a un grupo integrado por no menos de veinte personas.

A dicho género pertenece también la acción de inconstitucionalidad, de larga tradición en Colombia, mediante la cual el ciudadano puede obtener de la corte constitucional una declaración con fuerza de cosa juzgada consistente en dejar sin valor y por fuera del ordenamiento jurídico, total o parcialmente, una ley de la república o un decreto con fuerza de ley expedido por el gobierno nacional, cuyo texto contradice la carta política.

Se habrá cumplido nuestro objetivo si al observar el contenido de estas líneas el lector encuentra una orientación o una respuesta a sus dudas o inquietudes, o ve reflejado en ellas su propio caso, y me sentiré satisfecho en la medida que sea de utilidad para las generaciones que están por venir.

La Acción de Tutela

En términos sencillos se puede describir la acción de tutela como un mecanismo de carácter constitucional que faculta a toda persona en todo momento y lugar a reclamar de los jueces y tribunales de la república la protección de sus derechos fundamentales. Así como también consagra un procedimiento preferente y sumario.

El objeto de esta acción es la protección de los derechos fundamentales de la persona, por consiguiente, no es posible incoarla cuando se pretenda proteger derechos colectivos. El titular de la acción es quien resulte afectado en un derecho fundamental, no es por tanto, una acción pública, sino que se requiere de un interés particular para promoverla.

La acción puede ser interpuesta por cualquier persona, natural o jurídica, mayor o menor de edad, que acredite interés por si misma o por quien actué en su nombre y por el defensor del pueblo.

La tutela solo procederá en aquellos casos en donde el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o que existiendo tal mecanismo, se interponga la tutela como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Esta acción no procede cuando el daño se consumo, ni cuando se trata de actos de carácter general, abstracto o impersonal, ni para proteger derechos colectivos.

La competencia para conocer de las acciones de tutela que se planteen contra las acciones y omisiones de las autoridades o de los particulares corresponde, a prevención, a todos los jueces o tribunales de la república, cualquiera sea su rama, con jurisdicción en el lugar donde haya ocurrido la violación del derecho fundamental.

El fallo que decida la tutela deberá proferirse dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud.

Derechos amparables a través de la acción de tutela

Los derechos fundamentales que pueden ser protegidos con el ejercicio de dicha acción son porque ellos se encuentren amenazados o vulnerados de forma directa, o porque existan otros derechos que sin ser fundamentales, su violación o amenaza de menoscabo deriven en la conculcación de aquellos. Un ejemplo de esto último, se refleja en el derecho a la salud, que sin ser un derecho fundamental, sino un derecho de segunda generación o de contenido prestacional, cuando se desconoce, puede dar lugar a que se ordene su protección mediante la acción de tutela, si esa vulneración afecta un derecho fundamental como podría ser el derecho a la vida.

Teniendo en cuenta el alcance de los derechos que pueden ser protegidos a través del ejercicio de la acción de tutela, se pueden enunciar de la siguiente manera:

Derechos: a la vida, al respeto por la dignidad humana, a la igualdad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la intimidad personal y familiar y al buen nombre, al libre desarrollo de la personalidad, a la honra, a la paz, de petición, de circulación y residencia, al trabajo digno y justo, al debido proceso, de habeas corpus, a apelar las sentencias judiciales, a la no autoincriminación, de asilo, de reunión, de asociación, de sindicalización y de participación política.

Libertades: individual, de conciencia, de cultos, de expresión e información, de escogencia de profesión u oficio, de enseñanza, de aprendizaje, investigación y cátedra.

Acción de Tutela frente a providencias judiciales

Debido a que este es un tema espinoso se le dará un tratamiento en lo posible sencillo y fácil de comprender a la luz de los diversos pronunciamientos de la jurisprudencia nacional. Inicialmente se dirá que la norma que regula el tema es el decreto-ley 2591 de 1991 que en su artículo 40 admite la acción de tutela respecto de las sentencias y las demás providencias judiciales que pongan fin a un proceso, cuando amenacen o vulneren un derecho fundamental. Este último punto sobre el cual la corte constitucional se pronuncio en la decisión del 1º de octubre de 1992 en la (sentencia C-543) en la cual se declaro su inaplicabilidad, reiterando la supremacía del principio sobre no reapertura del proceso terminado.

La Carta Política, al ampliar el espectro de los derechos y garantías y al plasmar los mecanismos para su efectivo respaldo, dotó al orden jurídico de nuevos elementos que están destinados a fortalecer, lejos de debilitar el Estado de Derecho y los valores jurídicos esenciales que lo inspiran. Es inadmisible que, por haberse instituido una figura como la acción de tutela, cuyo fin está exclusivamente relacionado con el amparo inmediato y cierto de los derechos ante situaciones no previstas por los medios ordinarios, se haya puesto fin a la vigencia de los postulados básicos en los cuales se ha fundado y desarrollado nuestra civilización jurídica. Uno de ellos es el principio de la cosa juzgada , que se traduce en el carácter inmutable, intangible, definitivo, indiscutible y obligatorio de los fallos cuando se han dado los trámites y se han cumplido las condiciones y requisitos previstos por la ley.

El fin primordial de este principio radica en impedir que la decisión en firme sea objeto de nueva revisión o debate, o de instancias adicionales a las ya cumplidas, o que se reabra el caso judicial dilucidado mediante el fallo que reviste ese carácter, con total independencia de su sentido y alcances, dotando de estabilidad y certeza las relaciones jurídicas y dejando espacio libre para que nuevos asuntos pasen a ser ventilados en los estrados judiciales.

La cosa juzgada, que confiere a las providencias la fuerza de verdad legal dentro del ámbito individualizado del asunto litigioso resuelto, se funda en el principio de la seguridad jurídica, la cual para estos efectos, reside en la certeza por parte de la colectividad y sus asociados en relación con la definición de los conflictos que se llevan al conocimiento de los jueces.

Debe distinguirse entre los conceptos que en la doctrina se conocen bajo las denominaciones de cosa juzgada material y cosa juzgada formal. La segunda hace que no se pueda volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado dentro del mismo proceso y por los mismos hechos y fundamentos que motivaron tal resolución, mientras que la primera, también conocida como cosa juzgada sustancial, implica la absoluta inmutabilidad de la sentencia en firme, no ya dentro de un proceso determinado, sino ante cualquier otro proceso y en relación con cualquier motivo o fundamento, pues a ella se accede por el agotamiento de todas las posibilidades procesales y supone, por tanto, que la actividad jurisdiccional del Estado se desplegó íntegramente en relación con la materia debatida.

Es claro que la acción de tutela no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tránsito a cosa juzgada material. En el primer evento por existir otra vía propicia a la defensa del derecho en cuestión, como cuando se pide revisar, en virtud de hechos nuevos o de cambio de circunstancias, la liquidación de obligaciones alimentarias periódicas o el régimen de visitas de los esposos separados a sus hijos comunes. En la segunda hipótesis, por la esencia misma del concepto de cosa juzgada y por el hecho de haber culminado plenamente, en cuanto a todos los aspectos del asunto controvertido, el trámite del proceso como medio idóneo para ventilarlo ante la justicia.

En la anotada jurisprudencia, sin embargo, se deja subsistente la posibilidad de revisión de las decisiones judiciales ante actuaciones de hecho imputables al funcionario, por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, hipótesis en la cual la corte considera que no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.

En jurisprudencia posterior sobre el tema (T-100/98) se admite la revisión de las decisiones judiciales cuando están fundamentadas en vías de hecho, defecto que la propia corte constitucional hace consistir en apariencias de providencias judiciales que vulneran los derechos básicos de las personas , lo cual conduce a sostener que no existe actuación jurídica sino un hecho del juez, arbitrario y caprichoso, revestido de formalidad jurídica y que por tanto riñe con el Estado social de derecho.

El pronunciamiento a que se hace referencia muestra como, para que proceda la tutela contra sentencia judicial por vía de hecho, la corte resume los requisitos, exigiendo los siguientes:

a. Que la conducta obedezca a la voluntad subjetiva de quien la dictó
b. Que carezca de fundamento legal. Que como consecuencia de ello se vulneren derechos fundamentales, en forma grave e inminente
d. Que no exista otra vía de defensa judicial, o si la hay se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En conclusión, la vía de hecho solo puede producirse en aquellos casos en que según la expresión de la corte, el vicio sea constatable a simple vista (T-162/98). Es por esto que la salvedad no puede convertirse en una burla a los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, sirviendo de pretexto para controvertir cualquier sentencia ejecutoriada que no se comparte, prescindiendo del error en que aquella ha incurrido.

Por otra parte, ya en la sentencia (T- 1031/01) se le da tratamiento a los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial que comprenden no solo los casos en el que el juez impone de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento jurídico, sino también aquellos eventos en los cuales el juez se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad).

Intervención de la corte constitucional en el trámite de la acción de tutela

Todas las acciones de tutela tramitadas en el territorio nacional, concedidas o denegadas, impugnadas o no, son remitidas a la corte constitucional para su eventual revisión, cuya selección no requiere motivación, pero en caso de que no se realice, podrá ser solicitada por cualquiera de los magistrados cuando consideren que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave.

Si la acción no es excluida de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberá ser decidida dentro del término de 3 meses. Cuando la decisión implique un cambio de jurisprudencia, deberá ser resuelta en sala plena, previo registro del proyecto de fallo correspondiente. Las decisiones de la corte constitucional que revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las normas constitucionales deberán ser motivadas, mientras que las demás podrán ser brevemente justificadas.

Las sentencias en que se revise una acción de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificara la sentencia de la corte constitucional a las partes y adoptara las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por esta.

En todo caso, cuando en segunda instancia o en revisión en la corte constitucional se revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, tanto esta decisión como la actuación que haya realizado la autoridad administrativa quedaran sin efecto en cumplimiento del fallo respectivo.

Reglas acerca de la competencia de los jueces en la acción de tutela

Conforme a lo dispuesto en el decreto 1382 de 2000, la acción de tutela debe presentarse ante los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurra la vulneración o la amenaza que motive la presentación de la solicitud o donde se hayan producido sus efectos, de acuerdo a las siguientes reglas:

  1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo las entidades descentralizadas por servicios, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura.
  2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental, les serán asignadas en primera instancia a los jueces del circuito o a quienes hagan sus veces.
  3. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden distrital o municipal y contra particulares, les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a los jueces municipales.
  4. Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al tribunal contencioso administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
  5. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en precedencia.
  6. Cuando la acción de tutela se promueva en contra de un funcionario o corporación judicial, el reparto se hará al respectivo superior funcional del accionado.
  7. Lo accionado contra la corte suprema de justicia, el consejo de estado o el consejo superior de la judicatura, sala jurisdiccional disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la sala de decisión, sección o sub-sección que corresponda de  conformidad con el reglamento interno de cada una de esas corporaciones.

Contenido de la solicitud:

la solicitud de tutela deberá al menos contener

  1. Identificación del solicitante, indicando el lugar de su residencia.
  2. La acción o la omisión de la autoridad pública o del particular, con las cuales se amenace o se esté vulnerando el derecho fundamental, al igual que el lugar de su ocurrencia. Los hechos deben ser claros para deducir la violación, de no serlo, el juez podrá ordenarle al solicitante que corrija este requisito, para lo cual le dará el término de tres días.
  3. Indicar el derecho que se considere se ha violado o se encuentre amenazado. La falta de este requisito, salvo que de los hechos se pueda deducir con claridad, hacen que el juez tenga que negar la petición.
  4. Indicar el nombre de la entidad, funcionario, órgano o persona causante de la amenaza o agravio.
  5. El solicitante deberá manifestar bajo la gravedad del juramento que no ha presentado tutela sobre los mismos hechos. Este requisito es de notoria importancia, razón por la cual, al momento de recibirle la solicitud, se le debe indicar que lo manifieste en ese momento y advertirle sobre las consecuencias penales del falso testimonio (art. 37 del decreto 2591 de 1991)

Formatos modelos de para presentar tutelas:

 


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